El Ejecutivo puso en marcha un régimen que alcanza obras productivas, maquinaria agrícola y eficiencia energética. El nuevo régimen promete devolución de IVA y ventajas fiscales para proyectos productivos.
El Gobierno nacional reglamentó este martes los requisitos operativos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802, con beneficios fiscales destinados a pymes, cooperativas y entidades sin fines de lucro que realicen inversiones productivas en el país.
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada en el Boletín Oficial.
El régimen contempla incentivos como la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA para inversiones en bienes de capital, obras productivas y equipamiento destinado a mejorar la competitividad y la eficiencia.
La normativa establece que la inscripción, la selección de beneficios y toda la gestión administrativa del programa se realizará a través de una plataforma digital denominada “Sistema de Gestión de Inversiones” (SGI), que será administrada por ARCA.
Entre los requisitos, las empresas deberán contar con certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que concreten la primera inversión. También podrán acceder entidades sin fines de lucro, siempre que cumplan parámetros de categorización económica y tramiten una caracterización especial ante la Secretaría de Industria.
La resolución también habilita beneficios para determinadas inversiones agropecuarias y energéticas sin exigir un monto mínimo de desembolso. Entre ellas figuran sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes.
En esos casos, las Secretarías de Energía y de Agricultura definirán qué bienes quedarán alcanzados por el régimen. Cuando existan dudas sobre el encuadre de una inversión, se exigirá un informe técnico firmado por un profesional matriculado.
Además, el texto fija las condiciones para acreditar el avance de obras productivas mediante facturas, certificados técnicos o contratos, documentación que deberá cargarse en el sistema digital del programa.
ARCA será el organismo encargado de controlar que los beneficiarios no registren deudas fiscales exigibles al momento de solicitar los incentivos. A su vez, Energía y Agricultura podrán realizar auditorías y controles para verificar el cumplimiento de las inversiones comprometidas.
En caso de incumplimientos, el Estado podrá exigir la devolución de beneficios fiscales otorgados, más intereses y eventuales multas previstas en la ley.